SECTOR LECHERO

Ganaderos de Lleida llevarán a las lácteas a los tribunales

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10/08/2018 a las 05:23
Para reclamar daños y perjuicios por “prácticas contra la competencia” || Podrían pedir unos 300.000€ por explotación

Más de una decena de ganaderos de Lleida y unos 300 en toda Catalunya preparan una demanda judicial contra grandes empresas lácteas para reclamar daños y perjuicios por “prácticas contra la competencia”. De momento, existe un requerimiento extrajudicial para intentar llegar a un acuerdo pero todo hace indicar que no lo habrá y que se acabará elevando el caso a un tribunal de lo Mercantil, previsiblemente en Barcelona, según explicó ayer Andoni de la Llosa, del bufete Redi, que está llevando el caso.

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones lácteas españolas por haber concertado el reparto del mercado de aprovisionamiento de leche “en una infracción única y continuada desde al menos el año 2000 hasta el año 2013 incluido”. Esta multa, que está recurrida por parte de las empresas, se reparte de la siguiente forma: Danone, 23,2 millones; Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,8 millones; Grupo Lactalis Iberia, 11,6 millones; Nestlé España,10,6 millones; Puleva, 10,2 millones, y Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), con 8,5 millones; Senoble Ibérica (proveedora entonces de Mercadona), 929.644 euros; Central Lechera Asturiana, 698.477 euros, y Gremio de Industrias Lácteas de Catalunya, 200.000.


Competencia multó en 2015 con más 88 millones a grandes lácteas, sanción que está recurrida

Según De la Llosa, hablamos de un comportamiento de grandes industrias a modo de cartel, imponiendo precios y que habrían pagado precios claramente por debajo de lo que sería lógico según la ley de la oferta y la demanda. Calcula que para una granja de unas entre 80 y 100 vacas se podrían reclamar al menos unos 300.000 euros, aunque cree que la cifra podría ser incluso muy superior.

En su resolución, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace una estimación de lo que califica como “beneficio ilícito (10 por ciento sobre el valor del mercado afectado)” y que sitúa el montante total en más de 814 millones de euros para el conjunto de las sancionadas.

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